Últimamente, medios de comunicación de todo tipo no han dejado de poner el foco en la huida de algunos youtubers -al frente de los cuales, cabe destacar, el conocido como El Rubius- a Andorra con el propósito de evitar, con esta marcha, la que consideran una asfixiante presión fiscal española.
Ello ha movido a las fácilmente irritables autoridades fiscales del país de salida a lanzar una retahíla de amenazas dirigidas a perseguir, por todos los medios, a esas personas por considerarlas insolidarias (“Hacienda somos todos”, suena de fondo) e incluso de devolver Andorra a la lista de paraísos fiscales de la que ya fue excluida hace unos diez años.
En vez de fijarse en Andorra que, con una imposición muy escasa, puede sobrevivir sin casi déficit fiscal y con un endeudamiento público y un gasto por habitante de menos de la mitad de España, solo ven que en aquel país se pagan menos impuestos y que por este motivo es atractivo –e inmoral, fijar allí su residencia.
De acuerdo con el paradigma socialdemócrata, un país con una recaudación tan baja no solo está condenado al fracaso sino que lo más probable es que sus ciudadanos vivan como trogloditas, con un estado del bienestar miserable que comprometa su salud y progreso.
Pero ¡ay!, resulta que el minúsculo país vecino, a pesar de su reducido presupuesto, cuenta con un gasto público por habitante en educación y sanidad superior al de España, una esperanza de vida que supera en 6,5 años la de sus vecinos del sur y, por si todo ello no fuera suficiente, sin tener graves problemas de seguridad, como lo demuestra el hecho que en 2019 no contabilizó ningún homicidio.
En España, las personas que ganan mucho dinero, como es el caso de El Rubius, saben que pagar por el Impuesto sobre la Renta casi la mitad de sus ingresos no es suficiente (recordemos que en Andorra es, como máximo, del 10%), ya que, como sujetos pasivos, -categoría esta que ya denota un cierto menosprecio- deberán soportar todo tipo de molestias e inconvenientes por parte de las ariscas autoridades fiscales españolas, como pueden ser la inseguridad –con continuos cambios legislativos o de criterio por parte de la inspección o de los tribunales-, la falta de incentivos fiscales para este tipo de rentas, la limitación de los gastos deducibles y las constantes inspecciones, por citar algunas.
En resumen, no tiene que sorprender que estos influencers, como tantos otros artistas y deportistas, busquen fijar su residencia en un país fiscalmente más amable y más cuando, si satisfacen los requisitos establecidos en la legislación aplicable, eso es indiscutiblemente legal. Una cuestión diferente sería que el cambio de residencia no fuera real o no se ajustara al ordenamiento jurídico que, en este caso, no viene tan solo dado por la ley interna española sino también por el Convenio de Doble Imposición entre España y Andorra.
El hecho de ser jóvenes y no tener cargas familiares les permite cambiar de residencia con solo coger una mochila, un ordenador y su móvil, mientras desde el autobús (a Andorra no hay AVE) nos dejan un nuevo eslogan menos inclusivo que el original: “Hacienda sois todos”.
En conclusión, la reacción de las autoridades españolas, y de determinados medios de comunicación, se sitúa más en el ámbito de lo que es éticamente reprobable que en el marco, que tan a menudo aplican de forma inexorable a los contribuyentes, de lo que dice la letra y el espíritu de la ley.
Sí, en mi próxima reencarnación me gustaría ser youtuber!
